Al fijar la posición del GPPAN, Anaya Cortés dejó claro que no pueden acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos y le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda.
“Geolocalización en tiempo real, poder para suspender transmisiones. Eso es censura, eso es autoritarismo”, destacó.
Explicó que ayer se abstuvieron en la comisión, porque acordaron abrir el espacio al diálogo y les pidieron una propuesta por escrito.
Detalló que entregaron un escrito absolutamente sensato, donde se detallaba que para la geolocalización se requiriera una orden judicial y que en términos de suspensión de transmisión prevaleciera la ley de 2017, es decir, solo cuando se violan derechos de audiencia de las infancias.
“Nos dijeron que parecía sensato el planteamiento, pero ganó la vena autoritaria. Pudo más la vena autoritaria, pudo más el impulso de decir, aquí nosotros sin orden judicial queremos saber en tiempo real dónde están los ciudadanos. Ganó la vena autoritaria de querer suspender transmisiones aun cuando no se trate de asuntos que afectan a las niñas y a los niños”, advirtió.
Lamentó que después de los conversatorios y las modificaciones que se lograron gracias a la sociedad civil y al PAN, ayer se repitió la trampa, “la chicana”.
Planteamos ayer con enorme claridad en la comisión que celebrábamos los avances, pero que seguían destacando dos aspectos que eran absolutamente inaceptables en un país que se preciara de ser democrático.
Finalmente, celebró los avances logrados por la sociedad civil y el PAN, al quitar el artículo 109, que daba poder a una persona de bloquear plataformas digitales, el artículo 56, 57 y 58, que contenía violaciones flagrantes, al capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio, y el 201 y 202, que censuraban noticiarios de cadenas internacionales.
También se modificó que en lugar de que una persona otorgue o revoque concesiones, sea un órgano desconcentrado, colegiado, y los integrantes sean propuestos por la presidenta, para que el Senado por mayoría calificada lo ratifique.
Redacción