Resultados verificables, instituciones fuertes, policías locales capacitadas y una estrategia de seguridad que realmente devuelva la tranquilidad a las y los mexicanos, es lo que necesita México, advirtió el senador Francisco Ramírez Acuña.

Al fijar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado al dictamen por el que se aprueba el informe que presenta el Ejecutivo Federal de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior, el legislador consideró que se presentan datos agregados, pero carece de trazabilidad, ya que no señala con claridad cuántos casos de uso de la fuerza pública derivaron en responsabilidades y lo más grave, no hay evidencia sólida de que la Guardia Nacional haya logrado mejorar la seguridad pública en materia estructural en el país.

“Lo que hoy tenemos es una Guardia Nacional más grande, más desplegada, pero no necesariamente más efectiva. Más presencia no ha significado más paz, más centralización no ha significado mejor coordinación y más fuerza no ha significado mayor confianza ciudadana”.

Aseguró que Acción Nacional está a favor de que la Guardia Nacional funcione, de resultados y cumpla con su mandato constitucional, que es, proteger a las personas, garantizar la paz y respetar los derechos humanos.

Sin embargo, sostuvo que la capacidad operativa con más de 121 mil elementos y el despliegue superior a los 100 mil efectivos, no es suficiente para garantizar la seguridad, prevenir el delito, proteger a los mexicanos.

“Ahí están los datos, México sigue registrando niveles altísimos de victimización, más de 23 millones de personas víctimas de delito y una cifra negra superior al 90 por ciento”.

Sobre la supuesta reducción de homicidios, pidió responsabilidad, pues debe analizarse con cuidado que la disminución de los homicidios coincide con un aumento de las desapariciones, lo que se sugiere que no es una reducción de la violencia, sino una transformación en su forma de manifestarse.

Otro punto crítico, destacó el senador por Jalisco, es la coordinación con estados y municipios, ya que el propio informe reconoce que no hubo convenios ni recursos ejercidos en este ámbito y la coordinación se limita a mesas de trabajo, pero no se traduce en fortalecimiento institucional de todas las policías locales.

Redacción