La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga, lamentó que en la despenalización del aborto haya retrocesos en varias entidades del país, pues es un tema de derechos humanos, los cuales sólo deberían avanzar porque son progresivos.

Durante el análisis de la iniciativa de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, que plantea despenalizar el aborto a nivel federal, la legisladora afirmó que no se vale criminalizar a las mujeres por ejecutar su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

“Pareciera que existe temor que las mujeres tengan autodeterminación, por lo tanto, en esta Legislatura de la Paridad de Género debe realizarse una agenda que permita la regulación del aborto”.

Añadió que la iniciativa debe ser revisada desde el enfoque de derechos humanos y no con un punto de vista moral y de prejuicios, porque somos un país democrático.

En la mesa de análisis “Aborto Legal ya”, la diputada Lorena Villavicencio Ayala sostuvo que la iniciativa que impulsa busca que se garantice la plena decisión de las mujeres sobre su cuerpo, a fin de que la interrupción del embarazo sea segura, gratuita y legal.

Lamentó lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León, donde se aprobó una reforma que atenta contra la decisión de las mujeres, por lo que adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad, por violar los artículos 1 y 4 de la Carta Magna.

Agregó que las mujeres no pueden ser valoradas a partir de tener pareja o si son o no madres, es una decisión individual, la cual debe ser garantizada plenamente.

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Guadalupe Almaguer Pardo expuso que el reto es dejar de lado las militancias y privilegiar los derechos de las mujeres, a fin de garantizar que quienes deciden abortar no estén solas y sin un servicio de salud de calidad debido a la clandestinidad con la que se practica.

Destacó que el aborto es un asunto de salud pública; en razón de ello, subrayó que presentó una iniciativa, a fin de que la salud sexual y reproductiva incluyera la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite como una obligación del Estado.

La diputada Ana Lucía Riojas Martínez, secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, dijo que oponerse al aborto es atentar contra la vida y consideró que quienes se llaman próvidas son hipócritas, porque no es posible que no les importa que las mujeres mueran en clandestinidad.

“No vamos a dejar que el Estado siga decidiendo por nosotras, de nuestro cuerpo y vida. Trabajaremos para que si alguien se practica un aborto no le cueste la libertad o la vida”.

La diputada de Morena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, mencionó que es primordial que se respeten todos los derechos de las mujeres en todo el país; para ello, se debe convencer a los demás legisladores que los derechos humanos son inalienables, entre ellos, el de decidir sobre el propio cuerpo.

Nira Cárdenas Oliva, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que es amplio el catálogo pendiente en la materia, deben redoblarse los esfuerzos para asegurar la plena garantía de ellos, como es el caso de la salud sexual y reproductiva.

En este sentido, expresó que es primordial que los estados respeten la autonomía de las personas, como la privacidad, la no discriminación y la igualdad; por ejemplo, la falta de atención obstétrica de emergencia y la negativa de la práctica de abortos son una violación a la vida y en dado caso pueden considerarse como tortura y tratos crueles.

Añadió que diversos organismos internacionales han recomendado a México garantizar el pleno acceso de las mujeres al aborto legal y, en caso de que no haya sido regulado, a los servicios de atención postaborto.

“Criminalizar la interrupción del aborto es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y vida de las mujeres; las expone, a riesgo en su vida y salud, con el propósito de preservar su papel de agentes reproductores y privarlas de autonomías en decisiones de su propio cuerpo”.

Daniela Tejas Miguez, en representación de las organizaciones civiles Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, las Constituyentes CDMX, Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA, Fundación Arcoiris, entre otras, dijo que en México según los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) una de cada cinco mujeres se han realizado un aborto.

Negar el aborto es vulnerar el derecho a la salud, a la información, a la vida, a la libertad y al libre desarrollo de la persona; además, es discriminación institucional por parte del Estado hacia las mujeres.

Despenalizar el aborto es garantizar la igualdad, autonomía, autodeterminación y discriminación por causa género, pues se dejará de considerar un delito y salvaguardará el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su bienestar físico, mental y emocional.

Con información de: Cámara de Diputados