La elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, en las condiciones actuales, constituye un error histórico que pone en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática de México, advirtió la COPARMEX junto con organizaciones de la sociedad civil, quienes realizaron una rueda de prensa conjunta para destacar la importancia de la observación ciudadana como herramienta fundamental para evidenciar las irregularidades del proceso electoral judicial y demostrar que, por sus graves deficiencias, este mecanismo nunca debió haberse implementado.

A través de un comunicado, la COPARMEX y las organizaciones Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C., anunciaron que desplegarán una estrategia conjunta para vigilar el desarrollo del proceso, la votación y el conteo de votos, por lo que llamaron a la ciudadanía organizada a sumarse a esta vigilancia activa para documentar anomalías, prevenir irregularidades y fortalecer el último contrapeso ciudadano en un proceso sin representación en casillas ni transparencia operativa.

Durante su intervención, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, subrayó la relevancia de garantizar el Estado de derecho y la integridad del proceso democrático en México: “México necesita un Poder Judicial confiable pero la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos. No estamos en contra de modernizar el Poder Judicial; estamos en favor de un sistema de impartición de justicia basado en el mérito, la legalidad y la independencia. La Observación Electoral debe ser una herramienta ciudadana, no un instrumento de simulación, por lo que exigimos se apliquen las sanciones y acciones que correspondan conforme a la ley para quienes, bajo el disfraz de observadores electorales, en realidad representan intereses partidistas”.

Por su parte, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, expuso las deficiencias del marco normativo electoral: “Desde la sociedad civil hemos acusado, hemos señalado, candidatos con antecedentes que incumplen los requisitos de idoneidad. También hemos advertido la complejidad de las reglas para poder conocer los perfiles, la afectación a los derechos a la información, las reglas que se van haciendo sobre la marcha, la incertidumbre. Creemos que las elecciones han perdido legitimidad. Creemos que ha habido cambios sustanciales: la modificación en los topes de gastos, las cantidades, los recursos que tienen que aportar los propios candidatos, que genera una gran inequidad”.

Alejandra Quezada, coordinadora de investigación de la organización Juicio Justo, explicó cómo desde la sociedad civil se están impulsando herramientas concretas para fortalecer la vigilancia ciudadana durante las elecciones: “Por parte de Juicio Justo, desarrollamos formatos para la observación de la jornada electoral y del cómputo de los votos, con el fin de que las personas interesadas en sumarse a este esfuerzo sepan qué observar y que podamos tener un número significativo de observaciones homogéneas, que, idealmente, nos permitan realizar comparaciones entre estados y casillas”.

Finalmente, Miguel Alfonso Meza, activista y presidente de Defensores, A.C., hizo un llamado a la ciudadanía para no permanecer al margen frente al deterioro institucional: “Como ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo con esta situación, tenemos que hacer una resistencia moral activa, una resistencia política activa. Tenemos que involucrarnos. Me parece que COPARMEX ha ayudado a poner el ejemplo de cómo realizar un activismo ciudadano para intentar que nuestro sistema de justicia no se deteriore. Hasta este momento, en Defensores hemos enfocado nuestros esfuerzos en detectar a las candidaturas riesgosas. Y esto ha sido posible solo gracias a los ciudadanos”.

La reforma judicial ha sido acompañada de un proceso sin precedentes, en el que la improvisación, la falta de filtros y la ausencia de transparencia configuran un escenario de riesgo para la democracia. Con una reducción del 50% de casillas, una boleta técnica compleja y fallas persistentes en la plataforma del INE, el contexto electoral impide a la ciudadanía votar con información suficiente y limita su capacidad de elección informada.

Adicionalmente, el conteo de votos se realizará en consejos distritales, sin cadena de custodia efectiva ni participación de representantes de las candidaturas, lo que abre la puerta a la manipulación de resultados. El periodo de revisión de diez días, sin vigilancia efectiva, puede ser aprovechado para alterar el resultado final y vulnerar la voluntad ciudadana.

Frente a estos riesgos, COPARMEX y las organizaciones aliadas refrendaron su compromiso de desplegar observadores en todo el país, documentar cada etapa del proceso, evaluar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades electorales y analizar la idoneidad de los perfiles ganadores. Su misión será proponer iniciativas que fortalezcan un sistema judicial profesional, imparcial e independiente, alejado de intereses políticos o criminales.

El objetivo compartido es claro: proteger la independencia judicial como pilar de la democracia y motor de la inversión. A través de la observación activa, buscarán prevenir el surgimiento de jueces capturados por intereses ilegítimos, frenar sentencias populistas y evitar que la justicia se convierta en un instrumento de presión política o mediática.

Por último, COPARMEX, Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C. hicieron un llamado a la ciudadanía, a las autoridades electorales y al Congreso para defender un Poder Judicial confiable, sustentado en el mérito, la legalidad y la transparencia. En esta elección, sin representación en casillas, la observación ciudadana será la única línea de defensa de la legalidad electoral. La historia recordará si la sociedad actuó con firmeza o si permitió que la justicia fuera tomada por intereses ajenos al derecho.

Redacción