La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) señaló que, pese al avance legislativo en los derechos de pueblos originarios, existe “un retroceso presupuestario en materia indígena.

“Siendo integrante e indígena, tengo que alzar la voz para que se dé cuenta la administración federal que sí existe un retroceso presupuestario que no se está plasmando como debería ser”, denunció en conferencia de prensa.

Detalló que para el anexo 10, donde se refleja el presupuesto que va dirigido a pueblos indígenas, “aprobamos en esta Cámara de Diputados 234,782.5 millones de pesos; no obstante, al cierre del segundo trimestre de este ejercicio, el presupuesto anual modificado descendió 231,900.2 millones.”

“¿Estamos velando realmente por los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o somos cómplices de este retroceso presupuestario, de este recorte de presupuesto?”, cuestionó.

Dijo que, “como nunca, la agenda de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se encuentra en el centro del debate público, político y legislativo, más ahora con esta consulta que se está realizando a la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), subrayó que no se ha informado que “es un recorte que se le ha hecho al FAIS a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. No es una suma adicional, es un recorte que se le ha hecho al FAIS que llegaba directamente a los municipios”.

Al referirse a la consulta sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, puntualizó que se da “sin participación amplia de los pueblos, la integración de un comité técnico asesor sin mandato comunitario, ocho sesiones celebradas, con publicidad insuficiente, la cuestionada representabilidad del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Que nadie conoce”.

Agregó: “La falta de una metodología comprensible para analizar una propuesta integrada por 453 artículos y 11 transitorios, la ausencia de información suficiente en lenguas indígenas y la distribución inequitativa de las sedes regionales. Estas objeciones no deben verse como obstáculos para la expedición de la ley general. Por el contrario, constituyen una oportunidad para corregir el procedimiento”.

También criticó el uso político de símbolos indígenas, por ejemplo, “el bastón de mando no es un objeto ornamental ni un accesorio para legitimar ceremonias políticas. Representa autoridad, servicio, responsabilidad comunitaria y obediencia a la voluntad colectiva.

“Tampoco las ceremonias indígenas deben reducirse a escenografías protocolarias; son expresiones vivas de espiritualidad, memoria, identidad y organización comunitaria”, aseveró.

Por lo anterior, llamó a la presidenta de la República a que “tomara cartas sobre el asunto e instruyera al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a que se haga como debe ser, con pertinencia cultural, informando a las comunidades indígenas”.

Para subsanar las deficiencias, aclaró, “se necesita una consulta real previa porque debe realizarse antes de que las decisiones estén tomadas, libre porque deben desarrollarse sin presiones, condicionamientos ni simulaciones, informada porque requiere materiales completos comprensibles.

“La consulta no puede reducirse a reunir personas durante unas horas para presentarles cientos de artículos previamente elaborados. Debe garantizar la deliberación comunitaria, asistencia técnica independiente, traducción e interpretación. Recursos para la participación, publicidad de cada etapa, devolución de resultados y una explicación pública sobre las propuestas aceptadas, modificadas y rechazadas”, concluyó.

Redacción