El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, señaló que se pospondrá la discusión del dictamen a la Ley General de Medios de Impugnación, que le dará la base legal a todo el proceso de nulidad, hasta esperar la declaratoria de constitucionalidad para iniciar el proceso legislativo de la ley ordinaria.

“Yo estoy convencido de que es indispensable la reforma, pero soy abogado constitucionalista y cuido con escrupulosa actitud todos los procesos que llevamos a cabo”, precisó.

En entrevista a representantes de medios de comunicación, el legislador dio a conocer que presentaría un punto de acuerdo, para que sea modificado el orden del día de la sesión del periodo extraordinario y se posponga el dictamen, con el objetivo de que satisfaga a todos los grupos parlamentarios.

Mencionó que, si bien tienen la mayoría, y al ser una ley secundaria podrían aprobarla, “creo que es tan importante esta ley que requiere del mayor consenso y, por eso, estoy dando un compás para ver si podemos lograr acuerdos más amplios”.

Explicó que aunque hay precedentes de que se aprueba reforma constitucional y reforma legal al mismo tiempo, “yo sostengo que primero debe aprobarse la reforma constitucional y hasta que se promulgue y se publique y entre en vigencia se puede modificar la ley secundaria”.

Expuso que si no se aprueba hoy “tendríamos solo 6 días para que se apruebe la reforma constitucional, se declare la constitucionalidad el lunes y no nos daría tiempo para aprobar la ley secundaria”.

Recordó que la ley ordinaria, reglamentaria y secundaria, derivan de la reforma constitucional, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la cual es muy importante, porque es la que le da base legal a todo el proceso de la nulidad.

Destacó que ya tiene un acuerdo con el PVEM y el PT para su aprobación, pero falta el PRI, PAN y MC, “quiero hacer que esta ley satisfaga a todos”.

"De hecho ya la tengo negociada con el PVEM y el PT. Podríamos ahorita proponerla y sacarla, pero es un tema que yo, como soy autor, me interesa que salga con el mayor consenso y que se elimine y se erradique totalmente la denuncia de censura o la denuncia de que pudiera, con un simple Twitter, artículo o entrevista, ser motivo de anulación”, dijo el legislador.

Comentó que en caso de que se apruebe su propuesta habría dos alternativas: “no se archive, elimine u olvide la propia iniciativa o dictamen, sino que puede llevarse a cabo otro periodo extraordinario o, de acuerdo con la ley, tratarse en las primeras sesiones del periodo ordinario; esto quiere decir que hasta septiembre se trasladaría la discusión”.

La segunda opción, expuso, es que no se legisle la materia secundaria y, por lo tanto, quede solo en un postulado y principio fundamental, “la injerencia extranjera, y hasta que legislemos para la sanción concreta aplicable por el Tribunal Electoral, se perfecciona la norma jurídica constitucional”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena destacó si no se aprueba la ley reglamentaria “obviamente no alcanzaría a aplicarse para 2025”. La reforma secundaria, añadió, puede aprobarse en cualquier periodo extraordinario o la primera sesión, o las primeras sesiones de septiembre, “pero, repito, el efecto jurídico es que no se aplicará para el proceso electoral 2027, sino se aplicaría hasta la elección presidencial de 2030”.

Puntualizó que la reforma constitucional queda vigente, “porque se aprobó y falta la ley reglamentaria, pero como entra el periodo de veda en el que no puedes legislar una vez o tres meses antes de que inicie el proceso, entonces hasta que se apruebe la legislación secundaria es aplicable la norma constitucional”.

Abundó que para que existan sanciones en materia penal tiene que haber, en una ley reglamentaria que defina, qué se entiende por injerencia, intervención, pruebas fehacientes y plenas y la acreditación de conductas del extranjero. “Todo eso viene en la norma secundaria”.

Reiteró que la reforma constitucional está aprobada, pero la nulidad de una elección tiene que ser regulada en la ley reglamentaria y “en tanto no se apruebe no puede aplicarse la nulidad de una elección, aunque ya haya base constitucional”.

Subrayó que la aplicación de la sanción le corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valorar las pruebas y aplicar la sanción de la nulidad.

Redacción