La senadora Guadalupe Chavira afirmó que sería irresponsable negar la verdad y gravedad del problema de las desapariciones en México, pero también injusto y políticamente sesgado desconocer los esfuerzos institucionales que el Estado mexicano ha venido desplegando para atenderlo en los último dos gobiernos, con reformas y medidas robustas para enfrentarlo.

Al referirse al informe del Comité de las ONU contra la Desaparición Forzada (CED) que plantea analizar las desapariciones como un delito de lesa humanidad, la morenista atajó que desde la llegada de la Cuarta Transformación se debe reconocer que hubo un cambio de enfoque:

“Del abandono al reconocimiento del problema, de la indiferencia a la construcción institucional, de la negación a la búsqueda de mecanismos más robustos y hoy, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ese esfuerzo tiene que profundizarse y traducirse en avances legislativos, protocolos y capacidades reales del Estado”.

Frente a esta realidad, dijo, no se puede caer ni en la negación ni en la simplificación y sería irresponsable negar la gravedad del problema.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos pidió no ocultar la verdad sobre la situación de las desapariciones que datan de la guerra sucia de los años 70´s, cuando sí hubo intervención del Estado; como tampoco las nuevas circunstancias surgidas desde la llamada “guerra contra las drogas” que empezó con Felipe Calderón.

“Lo que en otra etapa estuvo asociado con mayor nitidez a la represión política, se combinó después con nuevas formas de violencia criminal, con redes territoriales de complicidad, corrupción local y con formas brutales de control social. El propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que la llamada guerra contra las drogas contribuyó a crear condiciones para la expansión de estas prácticas en el ámbito local”.

Chavira de la Rosa dijo que hablar hoy de la desaparición forzada de personas y de la desaparición cometida por particulares en México es hablar de una herida que no deja de sangrar, porque involucra a miles de familias que viven entre la esperanza y la angustia, madres que buscan con sus propias manos, de padres que no dejan de preguntar y ausencias que nunca debieron existir.

“Es hablar, también, de una deuda histórica del Estado mexicano con la verdad, con la justicia y con la dignidad humana”.

“Pero también sería injusto y políticamente sesgado desconocer los esfuerzos institucionales que el Estado mexicano ha venido desplegando para atenderlo. El reciente documento del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU debe leerse con seriedad, pero también con sentido crítico. Sí, debemos escuchar las observaciones internacionales, asumir que la crisis exige respuestas más profundas”.

Tras lo cual, reclamó cuestionar una lectura que, en algunos tramos, no pondera con suficiencia las transformaciones normativas, institucionales y operativas que México ha venido impulsando en los últimos años.

“El propio Comité reconoce que no encontró elementos para afirmar la existencia de una política estatal federal orientada a cometer desapariciones, aunque sí advierte patrones graves, responsabilidades locales, omisiones y aquiescencias que deben investigarse y sancionarse. Esa precisión importa, y mucho porque México no parte de cero”.

Detalló que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una visión que buscó no solamente atender la emergencia, sino también las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, el abandono social, la falta de oportunidades, la descomposición del tejido comunitario y la corrupción que permitió la captura de territorios por grupos criminales.

Se definieron mecanismos más robustos y hoy, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ese esfuerzo tiene que profundizarse y traducirse en avances legislativos, protocolos y capacidades reales del Estado, añadió.

En ese sentido, la morenista demandó reconocer y respaldar las reformas y medidas recientes como el fortalecimiento de la Plataforma Única de Identidad, la alerta inmediata en todo el país ante la desaparición de una persona, la apertura obligada de carpetas de investigación, la coordinación entre bases de datos, la mejora de los registros y el fortalecimiento de las instancias de búsqueda e identificación.

Hizo notar que en este gobierno se legisló la reforma para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, se cuenta con el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda publicado y se actualizó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. “Todo ello muestra que el Estado mexicano no está inmóvil. Está obligado a hacer más, sí, pero también está construyendo herramientas más serias para responder”.

Redacción