La propuesta anunciada por el Poder Ejecutivo para postergar a 2028 la elección judicial federal y local abre una nueva etapa en la discusión sobre el futuro del sistema de justicia en México, explicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que cualquier ajuste relacionado con el Poder Judicial debe construirse con diálogo, con visión de Estado y privilegiando la legalidad

Reconocieron que la propuesta de postergar la elección judicial a 2028 es un avance y coincide con el planteamiento que previamente impulsaron desde COPARMEX, precisamente con el objetivo de evitar mayores riesgos de organización, reducir complejidades logísticas y generar condiciones más adecuadas para una revisión integral del proceso.

En ese sentido, consideraron positivo que se abra espacio para perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de perfiles judiciales.

“La creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los tres Poderes representa una oportunidad relevante para fortalecer estándares técnicos, transparentar procesos y privilegiar la capacidad profesional de quienes aspiren a impartir justicia. Además, la incorporación de evaluaciones de conocimientos, competencias y antecedentes puede contribuir a recuperar confianza institucional, siempre que exista plena transparencia, autonomía y supervisión ciudadana”, explicaron.

Añadieron que nuestro país requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de alta complejidad.

“Si elevamos los estándares, se contribuirá a fortalecer la carrera jurisdiccional, se dignificará la función judicial y se podrá garantizar que la impartición de justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional. Si queremos consolidar un sistema judicial confiable, se requiere privilegiar la excelencia y la especialización por encima de criterios políticos o de popularidad”

Recordaron que la reducción del número de candidaturas y la simplificación de las boletas electorales atienden parte de las complicaciones identificadas durante el proceso anterior. Sin embargo, insistieron en que cualquier modificación debe garantizar que la ciudadanía cuente con información suficiente y condiciones que permitan un voto informado y responsable.

“La legitimidad del sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de la solidez institucional y la capacidad técnica de quienes integran los órganos jurisdiccionales”, acotaron.

Sentenciaron que la experiencia observada durante la elección judicial de 2025 evidenció diversas áreas susceptibles de mejora, así como la baja participación ciudadana, las inconsistencias operativas, la complejidad de las boletas, la insuficiencia de legislación secundaria y los cuestionamientos en torno a los mecanismos de selección de perfiles y candidaturas pusieron de manifiesto la necesidad de replantear distintos componentes del modelo.

En este contexto, y ante el anuncio del Gobierno de la República sobre una eventual discusión de ajustes en el Congreso de la Unión, consideraron indispensable promover un diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa.

“Las reformas al sistema judicial tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país. México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas”

Por último, sostuvieron que frente a un entorno internacional complejo, marcado por presiones económicas, desafíos comerciales y la revisión próxima del T-MEC, el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones internas de confianza:

“La consolidación del Estado de Derechos es indispensable para impulsar la inversión, generar empleo y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva que hoy enfrenta México”

Redacción