La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que la reciente votación sobre la reforma a la Constitución en materia electoral evidencia que no existen las condiciones de consenso para modificar las bases que rigen nuestro sistema democrático.

A través de un comunicado, la organización empresarial recordó que la iniciativa conocida como “Ley Maduro” enviada por el Poder Ejecutivo fue sometida a consideración de la Cámara de Diputados y obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lejos de los 334 sufragios requeridos para aprobar cualquier cambio a la Carta Magna.

“Reiteramos nuestra posición de que el país enfrenta retos prioritarios que demandan la atención del Estado: recuperar la seguridad en distintas regiones, fortalecer la justicia, impulsar el crecimiento económico y generar condiciones que den confianza a quienes invierten, crean empleo y bienestar”

Acotaron que el contexto económico confirma la necesidad de concentrar esfuerzos en estas prioridades, al tiempo de señalar que los datos recientes reflejan una desaceleración persistente en la actividad productiva; la inversión fija bruta registró una caída anual de -1.6% en diciembre de 2025, con 16 meses consecutivos de retrocesos, lo que confirma una tendencia prolongada de debilitamiento en la inversión, además de enfatizar que la encuesta Data Coparmex 2025 muestra que solo 39.5% de las empresas considera que es un buen momento para invertir, un nivel comparable al observado durante la pandemia.

Adicionalmente, sentenciaron que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las oportunidades derivadas de la relocalización de cadenas de suministro exigen fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

“Enviar señales de incertidumbre institucional resulta incompatible con el objetivo de atraer capital productivo y aprovechar el potencial de crecimiento que ofrece el nearshoring”

Por ello, apuntaron que México requiere estabilidad política, instituciones sólidas y reglas claras que garanticen la certeza jurídica necesaria para atraer inversión, impulsar el crecimiento económico y ampliar la generación de empleos formales:

“Cuando las reglas cambian de manera constante, se envían señales de incertidumbre que debilitan la confianza y afectan directamente el dinamismo económico del país”

En ese sentido y ante el anuncio de un llamado Plan B, en el contexto actual, sostuvieron que la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral:

“El país requiere estabilidad institucional para enfrentar sus desafíos prioritarios”, finalizaron.

Redacción