El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado coincidió en identificar y prevenir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, advirtió que tal como está la reforma implica afectaciones a los derechos humanos, datos personales, al patrimonio financiero de las personas que puede ser bloqueado incluso sin autorización judicial, al secreto bancario y a la presunción de inocencia.

Así lo expresó la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien manifestó su desacuerdo en que se le está asignando a la secretaría de Hacienda y Crédito Público atribuciones que no le corresponden y hay cargas excesivas para empresas y establecimientos que realizan actividades vulnerables.

Al presentar el posicionamiento de las y los senadores del PAN respecto a la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, dijo que hay coincidencia en los objetivos que el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, ha recomendado a los países miembros como México para acabar con el lavado de dinero y buscar que la legislación alcance los estándares internacionales en esta materia.

No así, con la creación del padrón de personas que realizan actividades vulnerables y de personas políticamente expuestas.

“No coincidimos con dar el carácter de víctima u ofendido a la Secretaría de Hacienda para que participe en las investigaciones y procesos que se lleven a cabo en materia de lavado de dinero. Consideramos que tendría que tener el carácter de afectado directo o ser titular del bien jurídico que se pretende proteger, no solamente dar cumplimiento a las atribuciones que tiene asignadas”, indicó.

La senadora por Querétaro consideró que hay ambigüedad y exceso cuando se definen a las personas políticamente expuestas, ya que el GAFI señala a servidores públicos que tengan actividad relevante y al no distinguir la propuesta cualquier servidor público, por sencillo que fuera, puede ser considerado en este esquema; al igual que las personas relacionadas, podría ser un familiar, vecino, compadre, socio e incluso empleado, una interpretación con criterio general.

Respecto a las cargas excesivas para empresas y establecimientos que realizan actividades vulnerables, cuestionó que estén obligados a pedir identificación a sus clientes, almacenar su información, contratar sistemas de video, de monitoreo y auditorías internas y externas.

Además, cuando el monto es superior a lo que la ley señala deben de avisar a Hacienda y con el formato de aviso de una actividad que presuntamente es ilícita, lo cual vulnera de entrada la presunción de inocencia.

Finalmente, Murguía Gutiérrez calificó como preocupante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda solicitar información a cualquier autoridad federal, estatal, entidad pública, bancos, al INE, a los OPLES en los estados, gobiernos estatales, y a la Comisión Nacional de Valores.

“Y sobre todo involucrarse en la información, en nuestra información digital, la de cualquier persona, pudiendo accesar a archivos, llamadas, documentos, fotografías, información financiera, lo cual vulnera gravemente la privacidad y los datos personales, porque aquí no se exige autorización judicial para que pueda realizarse esta intervención”, concluyó.

Redacción