El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, realizó el Foro Nacional de Salud para la Atención de Víctimas, con el propósito de reflexionar sobre políticas públicas que garanticen una atención integral, digna y humana a quienes han sufrido violencia, negligencia médica, desaparición, trata u otras violaciones a sus derechos.

Durante su discurso, Ramírez Barba recordó que desde la reforma constitucional de 2011 se estableció el principio propersona, vinculante para todas las autoridades, pero advirtió que aún persiste una brecha entre los derechos reconocidos en la ley y la realidad que enfrentan las víctimas. “Este principio no es retórico, es vinculante, es una obligación y, sobre todo, es un compromiso moral con la dignidad humana”.

Comentó que desde entonces se han presentado 115 iniciativas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para atender a las víctimas, algunas de ellas han arribado al Diario Oficial de la Federación.

“Sin embargo, a pesar de tanta tinta escrita, lo que hemos observado en la práctica es que la brecha entre los derechos reconocidos en el papel y la realidad que viven las víctimas sigue siento profunda, y esta distancia debe interpelarnos, debe incomodarnos y nos debe exigir que actuemos”, expresó.

Ramírez Barba señaló que la salud debe ser una “puerta abierta y nunca un muro de indiferencia” y llamó a establecer protocolos claros, asignar presupuesto suficiente y fortalecer el marco normativo para que la legislación no quede en letra muerta.

“Las víctimas, en cualquiera de sus circunstancias de violencia, inseguridad, negligencia médica, de desaparición, de desplazamiento, de trata o de cualquier otra violación de derechos humanos, no piden privilegios; lo que están pidiendo es justicia, acceso efectivo a la salud, acompañamiento integral y algo tan básico como: ser tratadas con dignidad y con humanidad”, afirmó.

Señaló que el sistema de salud, en lo particular, debe ser una puerta abierta y nunca un muro de indiferencia. La atención médica integral y sensible es un derecho humano, no un favor ni una concesión. En la consulta, en la urgencia y en el hospital debe estar presente siempre la empatía y la convicción de que aliviar el dolor humano es la más alta labor y deber de la medicina y del Estado.

El legislador criticó el recorte de 114 mil millones de pesos al sector salud en el arranque del actual sexenio y urgió a trabajar de manera conjunta entre sociedad y gobierno para revertir lo que calificó de “austericidio republicano”.

Indicó que “necesitamos un marco normativo claro, recursos suficientes y voluntad política para convertir en hechos lo que ya está garantizado en la Constitución.

“Este foro hoy nos ofrece una oportunidad invaluable para repensar políticas públicas, para escuchar testimonios y proponer soluciones que vayan más allá de discursos o buenas intenciones”, sostuvo.

En su intervención, la directora de Sala Arbitral de la Conamed, Leticia de Anda Aguilar, destacó la necesidad de atender a las víctimas desde una visión integral que considere tanto la salud física como la emocional, además de escuchar la voz de los pacientes y familiares como eje central del sistema.

“Este foro representa la oportunidad de construir puentes entre las ciudadanas y los ciudadanos, los y las profesionales de la salud y las autoridades de las instituciones, para que realmente se diseñen políticas públicas prácticas que realmente respondan a las necesidades y exigencias que tienen todas las mexicanas y mexicanos, y que identifiquemos esas fallas en esa atención y que nadie las vuelva a vivir”.

Por su parte, el doctor Ricardo Pérez Vega, en representación del ISSSTE, subrayó que todas las instituciones del sistema nacional de salud deben brindar no sólo atención médica, sino también acompañamiento humano, digno y empático, con un enfoque multidisciplinario a quienes han atravesado situaciones de violencia, desastres o cualquier forma de vulnerabilidad.

“Nuestra labor exige un enfoque inter, multi y trasdiciplinario con profesionales preparados, protocolos claros y un compromiso ético que ponga en el centro a la persona y a su derecho a la salud”, concluyó.

Redacción