José Luis Abarca ex alcalde de Iguala, es sólo uno más, pero quizá el más notable de la lista de varios presidentes municipales que han sido señalados como responsables de la comisión de algún delito utilizando a elementos de la policía municipal, ya de por sí es grave que quien debiera atender a los intereses de los habitantes del municipio a su cargo, atienda a intereses personales o de terceros como lo es el crimen organizado, y resulta aún más alarmante que los cuerpos policiacos supuestamente responsables de brindar seguridad y atención a la ciudadanía, sean precisamente el instrumento que éstos personajes utilizan para cometer en total impunidad una serie de delitos que ya no sólo se limitan al policía que pide “mordida” sino a policías que secuestran, que colaboran y pareciera que en realidad están al servicio del crimen organizado.
Ante un problema tan grave que necesita de medidas enérgicas, el Presidente de la República retomó una iniciativa ya antes presentada por el ex presidente Felipe Calderón, ésta iniciativa de decreto implica la reforma a diversos artículos de la Constitución Política, además de obligar a la creación de diversas leyes reglamentarias y gran coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Con el propósito de hacer más eficiente el proceso de impartición de justicia, se propone dar flexibilidad en ámbitos de competencia para el fuero federal y local, permitiendo que la federación se enfoque en delitos de alto impacto y que algunos delitos del fuero federal sean atendidos en el local al no ser considerado de alto impacto, pero homologando criterios y protocolos, lo que implica reformas a los artículos 73 y 104 de la Carta Magna.
Ésta iniciativa propone una reforma al artículo 21 constitucional para dejar a cargo de la Federación y de las entidades federativas la seguridad pública por lo que 1,800 corporaciones policiales municipales pasarían a ser 32 corporaciones estatales homologándose según el Sistema Nacional de Seguridad Pública que establecerá lineamientos de selección, permanencia, formación, remuneración, disciplina, equipamiento y protocolos de actuación.
El punto más controversial de ésta iniciativa se encuentra en la posibilidad de que la federación asuma las funciones municipales total o parcialmente cuando éste se encuentre infiltrado por el crimen organizado, esto cuando el Fiscal General de la República comunique al Secretario de Gobernación para que conjuntamente acudan ante la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión solicitando su aprobación, hay quienes opinan que ésta medida resulta totalitaria, otros creen que medidas tan drásticas son necesarias para que las acciones que se lleven a cabo en contra del crimen organizado sean realmente efectivas, el hecho es que para evitar que el control quede permanentemente en la Federación se prevé que la legislatura de la entidad federativa convoque a elecciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución de ésta entidad federativa.
Lo cierto es que cada día es menor el nivel de tolerancia que como ciudadanos tenemos ante las acciones del crimen organizado y de funcionarios públicos que trabajan en conjunto con éstos grupos, lejos de atender la necesidad de seguridad que reclama la sociedad, por lo que es necesario, implementar medidas enérgicas y que sean verdaderamente eficaces y eficientes, y que no sólo sean iniciativas de ley o intenciones, sino verdaderas acciones tomadas por los 3 poderes en todos sus niveles derivadas de una verdadera colaboración y preocupación por garantizar seguridad a los ciudadanos.
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