En México, los escándalos de corrupción, los conflictos de interés, la colusión con el crimen organizado, las mentiras sistemáticas, la opacidad institucional, el encubrimiento, la impunidad y las falsedades en la vida pública han dejado de generar indignación. Se han incorporado al funcionamiento habitual de la vida pública. La causa es alarmante: la corrupción ya no escandaliza porque se ha normalizado. La acumulación masiva de casos sin investigación, sin castigo, sin consecuencias y sin resolución ha convertido lo que antes era intolerable en algo rutinario. Esta indiferencia colectiva está enviando un mensaje devastador: en México, si eres político, familiar o amigo de alguno, violar la ley no solo es posible, sino que no tiene costo real. El resultado es un colapso progresivo de la democracia, el vaciamiento de las instituciones y la descomposición de la vida en comunidad. En términos simples pero graves: nos estamos acostumbrando a vivir sin Estado de derecho.
La normalización no surge de la casualidad, sino de un proceso sostenido de deterioro: episodios graves, públicos y documentados que nunca llegan a sanción alguna. Casos que se archivan, expedientes que se pierden, delitos que se encubren y daños que no se reparan. La ciudadanía, tras observar este patrón, aprende una lección peligrosa: denunciar no sirve de nada. Ese aprendizaje modela conductas. Se reduce la exigencia de rendición de cuentas, se desincentiva la participación social y se abandona el compromiso con lo colectivo. La impunidad no solo premia al corrupto, también disciplina al honesto.
La saturación informativa, lejos de contrarrestar este proceso, lo profundiza. Cada nuevo escándalo desplaza al anterior, y sin seguimiento institucional, todos se diluyen en el ruido. La conversación pública prioriza lo inmediato sobre lo importante. Se habla del caso más reciente, pero no del desenlace de ninguno. ¿Se sancionó? ¿Se recuperó el daño? ¿Hubo consecuencias penales o administrativas? Sin ese hilo conductor, los escándalos dejan de ser lecciones sociales y se convierten en entretenimiento pasajero. Cuando la corrupción se vuelve anecdótica, deja de ser percibida como un crimen.
Las zonas de discrecionalidad dentro del aparato gubernamental agravan el escenario. Cuando los procesos de contratación, asignación de recursos o decisiones públicas se hacen sin transparencia ni competencia, lo excepcional se convierte en regla. La ciudadanía internaliza otra lección: “así funciona el sistema”. Y con ello se instala una lógica perversa en la que todo puede negociarse, torcerse o comprarse. La consecuencia es estructural: una descomposición institucional profunda, donde la rendición de cuentas se vuelve una excepción, el acceso a la información se bloquea y crece la incertidumbre jurídica y administrativa.
Los efectos sobre la democracia son letales. La disminución de la vigilancia social facilita nombramientos por lealtad política, reformas exprés sin deliberación y el debilitamiento deliberado de los contrapesos. En este entorno, el engaño y la opacidad no solo no se castigan: se vuelven herramientas de gobierno. La consecuencia es la degradación del proceso democrático y el riesgo real de regresión autoritaria.
El impacto económico tampoco es menor. La corrupción estructural eleva los costos de contratación, incrementa la prima de riesgo, reduce la calidad de obras y servicios y desincentiva la inversión. Hogares y empresas lo enfrentan en trámites costosos, servicios deficientes y una burocracia corrupta. El crecimiento se estanca, las oportunidades se restringen y la desigualdad territorial se profundiza. En términos prácticos, la corrupción reduce las posibilidades de futuro para millones.
En la vida pública, esta normalización del escándalo ha generado un efecto corrosivo: el cinismo como actitud dominante. La ciudadanía que respeta la ley se siente sola, desprotegida y desencantada. La participación se retrae, el abstencionismo crece y el debate público se vacía de contenido sustantivo. Se abandona el espacio común, se empobrece la agenda colectiva y se deja el terreno libre a quienes buscan capturar el Estado para intereses privados o criminales.
Las advertencias no faltan. Diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, han señalado señales claras de regresión democrática: sobrerrepresentación legislativa, intervención política en el Poder Judicial y captura institucional por redes criminales. Más allá de ideologías, el diagnóstico es compartido: una sociedad que se acostumbra al abuso, está firmando su rendición. La tolerancia prolongada a la corrupción no solo normaliza el delito: lo institucionaliza.
Revertir esta tendencia es urgente. Estamos en el umbral de una fractura institucional irreversible, y no habrá reforma suficiente si no se restablece el vínculo entre hechos y consecuencias. Se requiere una cobertura pública orientada no al escándalo, sino al seguimiento riguroso de cada caso: audiencias, sanciones, inhabilitaciones, recuperación de recursos. Todo ello con datos abiertos, sistemas de verificación accesibles y trazabilidad real. Sin procesos con plazos definidos y sentencias que se cumplan, la justicia seguirá siendo una promesa vacía. Y sin controles estrictos sobre la contratación pública, la discrecionalidad seguirá siendo la puerta de entrada de la corrupción.
Pero nada de esto será posible sin organización cívica sostenida. La indignación, por sí sola, no basta. Es indispensable que la sociedad acompañe los procesos, exija resultados y mantenga articulaciones sólidas entre comunidades, profesionales, empresas y academia. El silencio y la resignación son cómplices del deterioro. México se encuentra ante un momento definitorio. Si prevalece la señal de indiferencia, lo que hoy toleramos será el estándar del mañana. Estamos configurando una cultura donde las nuevas generaciones crecerán sin referencias claras de justicia, legalidad ni ética pública. Romper la normalización es una condición indispensable para salvar lo que aún queda de la poca democracia, proteger el presupuesto público y defender la posibilidad misma de una vida digna en comunidad.
