En un balance en materia de energía del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, destacó que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 no ha fallado el suministro de combustibles y electricidad, y tampoco ha habido más gasolinazos.
Explicó que los episodios puntuales de escases en Baja California y la península de Yucatán se deben a fallas del mercado eléctrico creado por la Reforma Energética, que reemplazó la planeación de largo plazo como elemento fundamental del servicio público, por un mercado liberalizado sin ninguna obligación de construir centrales eléctricas.
“Los acuerdos y la política de confiabilidad emitidos por el Cenace y la Secretaría de Energía no han tenido otro propósito que garantizar la seguridad energética en materia de electricidad, lo que realmente importa para el país. Los negocios eléctricos privados podrán portear electricidad siempre y cuando no afecten la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional. El interés colectivo tiene la máxima prelación y el gobierno no cederá al chantaje de que las centrales privadas son limpias y baratas”, advirtió.
Remarcó que en este segundo año de Gobierno no ha habido más gasolinazos, “los precios de los combustibles y las tarifas de electricidad no se han incrementado en términos reales, es decir, no han crecido más allá de la inflación. Además, el gobierno ha suspendido la reclasificación de usuarios con tarifa básica a usuarios con tarifa de alto consumo. Esta medida se ha tomado para reducir el impacto en la factura de electricidad en el gasto de los hogares, ya que estos podrían estar registrando un mayor consumo de electricidad por quedarse en casa durante la contingencia sanitaria debido a la epidemia de covid-19”.
Señaló que se han revisado y se siguen revisando los contratos heredados del periodo neoliberal, pero ninguno ha sido cancelado, “aquellos muy desfavorables para el Estado, los llamados “contratos leoninos”, están en proceso de renegociación conforme los mecanismos contractuales, sin recurrir a tribunales internacionales. Los titulares de tales contratos saben del daño que le causan a la nación y han mostrado disposición para realizar ajustes. La renegociaron de los gasoductos permitió un ahorro de 4,500 millones de dólares”.
En el balance, refirió que la privatización de activos y actividades productivas se ha cancelado. Ahora, abundó, se protegen los bienes nacionales, pero nadie ha sido expropiado, se actúa conforme lo permite el marco jurídico vigente, es decir, se utilizan los mecanismos e instrumentos permitidos al Estado por la reforma energética, no son muchos, pero se han aprovechado.
“Se suspendieron las rondas petroleras en forma definitiva, ya no se han otorgado ni se otorgarán más contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que se dio se dio, pero ya no habrá más. Se ha detenido la transferencia de reservas y áreas petroleras al sector privado. Se han suspendido los farmouts, asociaciones que desposeían a Pemex de sus asignaciones y dejaban a la empresa pública en calidad de socio minoritario sin actividades operativas y a expensas de lo que decidieran las petrolera privada”, apuntó.
Mencionó que también se suspendieron las subastas eléctricas que obligaban a la CFE a comprar electricidad privada en condiciones muy desfavorables. Tales subastas la forzaban a cerrar o detener el funcionamiento de las centrales de la Comisión para acomodar a los privados en el sistema eléctrico nacional, para colmo, en condiciones de subsidio.
“El resultado era el desorden, pérdidas enormes para la CFE y la privatización sin freno. Eso se acabó. El compromiso es que el Estado genere, por lo menos, 54 por ciento de la generación de electricidad en el país. Y para conseguir esa proporción se está poniendo orden en el acceso a la red eléctrica”, puntualizó.
