Por unanimidad de votos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado avaló reformar y adicionar diversas disposiciones en la materia en la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de evitar que cualquier persona que haya tenido sentencia por violencia política de género, violencia familiar o ser deudor alimentario ocupe un lugar en el servicio público de los Poderes del Estado es el dictamen que,

A través de un comunicado, el Congreso de Estado de Puebla explicó que el dictamen  se realizó bajo el principio de concentración con las iniciativa de las diputadas Nora Merino Escamilla, Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González y Yolanda Gámez Mendoza, así como de Carlos Evangelista Aniceto, el cual establece:

“Que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.

Durante la discusión del proyecto de dictamen, la diputada Mónica Silva Ruiz, celebró las modificaciones a la Constitución del Estado en beneficio de las mujeres poblanas, “para evitar que los espacios públicos no vuelvan a ser ocupados por agresores o violentadores que sólo roban espacios que corresponden a las mujeres”.

Por su parte, el diputado Eduardo Alcántara Montiel presentó una propuesta reformatoria, que fue avalada por las y los diputados de la Comisión, con la finalidad de homologar la Constitución estatal con la federal para establecer en el artículo 22 “que la Ley fijará los casos en que se suspendan los derechos de la ciudadanía, y la manera de hacer la rehabilitación”.

Asimismo, durante su intervención la diputada Laura Zapata Martínez externó su voto a favor del dictamen, ya que “transmite un mensaje contundente de rechazo contra cualquier forma de violencia de género, evitando que personas agresoras puedan acceder a los cargos públicos”.

Redacción