La CNDH hace un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales del Estado de Baja California para que tomen las medidas necesarias con las que se asegure el respeto al pleno ejercicio a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, y brinden las condiciones óptimas para que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta.

Recientemente medios destacados como Semanario ZETA, Diario Reforma, Aline Corpus, La Voz de la Frontera, y otros medios locales, han manifestado su preocupación por la ausencia de oportunidades para acceder a información de manera directa, personal, inmediata y pública, sobre distintos temas de interés común, toda vez que se ha condicionado el acceso a la información a requisitos previos, como son cuestionarios específicos o bien al uso de sitios web oficiales, que por su naturaleza permiten centralizar los contenidos, organizar las fuentes informativas y orientar la navegación de los usuarios, pudiendo incidir con ello en el libre acceso e intercambio de información.

Al respecto, la CNDH en concordancia con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) subraya que cualquier restricción en la circulación libre de ideas y opiniones, la imposición de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo violan el derecho a la libertad de expresión.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión realizada por la Relatoría Especial de la CIDH prevé que “la censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información”.

Para la CNDH es de suma relevancia que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconozcan y difundan la relevancia de la labor que realizan las y los periodistas en beneficio de la sociedad, y de esta manera se fortalezca una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Es necesario crear un frente común para apoyar y defender a quienes, inclusive a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos, y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

El pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa debe ser prioritario, solo así se asegurará el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos.