El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión exprese un firme extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos por la muerte de 17 personas mexicanas bajo custodia migratoria o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

La propuesta manifiesta la solidaridad y el acompañamiento institucional a las familias de las víctimas y plantea que las circunstancias de cada fallecimiento sean esclarecidas mediante investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.

De acuerdo con la información oficial disponible al 13 de julio, 14 personas mexicanas fallecieron mientras se encontraban privadas de la libertad en centros de detención bajo custodia del ICE, y tres perdieron la vida durante operativos de esa autoridad. Entre estos últimos casos se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, fallecido el 7 de julio en Houston, Texas, cuya investigación continúa en curso.

Huerta sostuvo que la protección de las personas mexicanas en el extranjero es una responsabilidad permanente e irrenunciable del Estado mexicano, que comprende la asistencia consular, el acompañamiento jurídico, la comunicación con las personas detenidas y sus familias, así como las gestiones diplomáticas necesarias para defender sus derechos.

“Defender a nuestros connacionales no constituye un acto de confrontación ni de injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Es el ejercicio legítimo de las funciones de protección consular de México y una exigencia fundada en el derecho internacional, en los derechos humanos y en la responsabilidad que tenemos con cada familia”, afirmó.

El legislador explicó que los fallecimientos ocurridos bajo custodia imponen al Estado responsable una obligación reforzada de protección respecto de la vida, la integridad y la salud de las personas sometidas a su control. Por ello, las autoridades competentes deben ofrecer una explicación suficiente y verificable sobre las circunstancias de cada muerte.

En los casos registrados durante operativos migratorios, agregó, las investigaciones también deberán examinar la legalidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad del uso de la fuerza, así como la actuación de los agentes participantes, la atención médica proporcionada y la preservación de los elementos probatorios.

La proposición plantea que las investigaciones se realicen conforme al orden jurídico estadounidense y a los estándares internacionales aplicables, particularmente los principios contenidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

El punto de acuerdo propone que la Comisión Permanente formule un respetuoso pero firme llamado al Gobierno de los Estados Unidos, por conducto del Departamento de Justicia y de las autoridades federales y estatales competentes, para que se esclarezcan plenamente los hechos, se determinen las responsabilidades individuales e institucionales que correspondan y se garantice la participación de las familias y de las representaciones consulares mexicanas.

También solicita que, cuando existan elementos suficientes, se ejerzan las acciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias procedentes, se adopten medidas de reparación integral y se establezcan garantías efectivas de no repetición.

Huerta precisó que el extrañamiento no prejuzga responsabilidades ni pretende sustituir a las autoridades investigadoras estadounidenses. Su propósito es exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vida, integridad personal, trato digno, debido proceso, notificación consular y acceso a la justicia.

La propuesta respalda, además, las acciones diplomáticas, consulares y jurídicas emprendidas por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y solicita que esa dependencia presente a la Comisión Permanente un informe sobre las gestiones realizadas en cada uno de los 17 casos.

Asimismo, plantea la celebración de una reunión de trabajo con la Primera Comisión de la Permanente para conocer los avances generales de las investigaciones y las medidas adoptadas para proteger a las personas mexicanas detenidas en territorio estadounidense.

Finalmente, solicita que el contenido del acuerdo sea comunicado por los canales diplomáticos correspondientes a las autoridades de Estados Unidos y remitido a ambas cámaras de su Congreso, así como a los comités y subcomités competentes, a fin de favorecer el escrutinio institucional, el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas.

“México debe actuar con serenidad diplomática, pero también con firmeza. La cooperación bilateral sólo puede fortalecerse cuando se sustenta en la verdad, el respeto al derecho y la protección efectiva de la dignidad humana”, concluyó el senador.

Redacción