Rosario Piedra Ibarra titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó su intención de dinamitar la CNDH para crear un organismo llamado “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.

Al presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe Anual de Actividades 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la titular de la comisión Rosario Piedra Ibarra afirmó que es necesario impulsar una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, toda vez que el actual modelo de esta institución ya no responde a las necesidades del pueblo de México, por lo cual es el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás el esquema impuesto por el neoliberalismo y crear otra institución que realmente sirva a las víctimas.

En este sentido, afirmó, mientras otros órganos autónomos han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, la Comisión Nacional redujo su presupuesto y combatió la corrupción, además de eliminar el outsourcing y ha dedicado la mayor parte de su presupuesto para atender a las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, muestra de ello es que mientras en 2019 se destinaba a tareas de protección 54% del presupuesto, en 2023 esta cifra alcanzó el 69%.

Ante Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y personas legisladoras, representantes de las diferentes fuerzas políticas del país que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, detalló que además de efectuar reformas al Reglamento Interno de la Comisión se actualizaron y simplificaron los 400 manuales de organización y de procedimientos; se fortaleció la planeación institucional y se revisaron los procesos de medición y evaluación de resultados.

En el Congreso de la Unión, informó que se renovaron la estructura y las funciones del Órgano Interno de Control; se fortaleció la presencia nacional, transformando las 16 Oficinas Foráneas en Oficinas Regionales. A pesar de ello, expresó que la reforma impulsada no está concluida, por lo cual se presentó anteriormente, una iniciativa para reformar el apartado “B” del artículo 102 constitucional y la Ley de la Comisión para crear en su lugar la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que habrá de proteger con mayores elementos y alcances los derechos de las y los mexicanos.

Y aun cuando esta Institución ha sorteado una campaña permanente de descrédito difundida a través de algunos medios de comunicación, actores políticos y grupos de presión con clara filiación ideológica, destacó que el año anterior se emitieron 371 Recomendaciones; el número más alto en la historia de la Comisión; se atendió a 51 mil 219 personas agraviadas o quejosas, de las cuales 8 mil 519 fueron víctimas reconocidas en las recomendaciones emitidas en la actual gestión. Así, detalló que en 2023, se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 72 mil 63 solicitudes de atención, de los cuales 60 mil 342 fueron escritos de queja y aun cuando se trata del mismo número de documentos que los recibidos en 2019, la diferencia radica en su calificación, la forma y el tiempo de resolución, pues mientras en 2019 sólo el 7.8% de los escritos se calificaron como expedientes de queja, el año pasado 12.99% de los escritos fueron calificados como expedientes de queja.

Asimismo, comentó que, en 2023, más de 13 mil expedientes lograron ser resueltos durante su tramitación y con ello se apoyó a dar solución a 37 mil 961 personas agraviadas y/o quejosas. En contraparte, han disminuido los expedientes resueltos por “orientación” y por “no existir materia”, que hoy representan el 27.62%, mientras que, en el último año de la gestión anterior, el porcentaje fue de 54.1%. Del total de las recomendaciones emitidas por esta Comisión desde su nacimiento (1990), 24.17% se emitieron en la actual gestión; al tiempo de resaltar que no existe una sola Institución Nacional de Derechos Humanos en todo el mundo que pueda presumir dichos resultados, mismos que se han logrado con el menor presupuesto que ha tenido esta Comisión desde hace muchos años.

Respecto a la facultad de acudir al Senado de la República cuando una autoridad se niega a aceptar las recomendaciones emitidas, y presentar las denuncias ante los órganos de investigación facultados jurídicamente para sancionar a las personas responsables de violaciones a derechos humanos, indicó que en el año pasado se presentaron 29 solicitudes a la Cámara Alta para llamar a comparecer a autoridades omisas; así como 371 denuncias (73 del ámbito penal y 298 del administrativo). Sobre el particular, enfatizó que un problema que debe ser atendido es la reparación integral, donde la constante es la falta de presupuesto de las autoridades recomendadas para dar cumplimiento a la reparación económica, lo cual evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente y la necesidad de revisar la Ley General de Víctimas, así como los criterios existentes.

Por otro lado, informó que el año anterior se solicitaron, a diversas autoridades, 116 medidas precautorias o cautelares; se presentaron 80 demandas de Acción de Inconstitucionalidad derivadas de emisiones, adiciones o modificaciones de ordenamientos legales, a nivel federal y local y, en cuanto al tema migratorio, en las 845 visitas de supervisión realizadas se atendió a 24 mil 891 personas extranjeras, se emitieron 37 recomendaciones ordinarias relacionadas con personas migrantes, que suman un total de 67 recomendaciones en lo que va de la actual gestión.

Subrayó que se replanteó la concepción y funcionamiento de los Programas Especiales de la Comisión y, desde la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, se documentaron crímenes de Estado cometidos entre 1951 y 2016, emitiendo la Recomendación 98VG/2023 que expone la estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado durante más de medio siglo para reprimir y eliminar a la disidencia política; y sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, detalló que este año se continuó con la integración del expediente de la queja presentada en 2021 por los padres y madres de los desaparecidos, documentando los nuevos hechos y elementos del caso, además de que se ha solicitado información a diversas instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, encontrando en ella total apertura para la consulta de todos sus archivos.

Por último, al responder a los planteamientos de las y los legisladores, la presidenta de la Comisión Nacional agradeció los reconocimientos al trabajo realizado, aseguró que se tomarán en cuenta las críticas vertidas y a quienes ofrecieron argumentos sin sentido les sugirió consultar el informe presentado y leer la historia del país, misma que tiene diversos episodios de represión y masacres cometidos por el Estado mexicano contra el pueblo en varias décadas, al tiempo de que llamó a que ya no se utilice la historia y legado de personas luchadoras sociales, como doña Rosario Ibarra de Piedra, sobre todo a quienes en vida la denostaron, pero también se coludieron con el poder y fueron omisos con los opresores de este país, para distorsionar y obstaculizar la transformación del país, impedir que se avance la justicia y se conozca la verdad, que son resultado de una vieja y larga lucha de quienes se fueron soñando por un mañana que al fin llegó.

Redacción