Mediante escrito dirigido a César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobierno federal, el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, solicitó de manera urgente su intervención por el despojo interestatal de 2 terrenos en La Covadonga, ante la indiferencia e inoperatividad de las autoridades de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como de la municipal de la ciudad de Puebla.

Al respecto, González Schmal destacó en entrevista que hay un fenómeno de multiplicación de delitos de despojo lo que está desembocando en un conflicto de gobernabilidad nacional, muy acentuado en el estado de Puebla.

Aunado a lo anterior, recordó que ha habido resistencia por parte de las autoridades estatales de Puebla y Tlaxcala, y muy especialmente del ayuntamiento de Puebla, para restituir los bienes a quienes son víctimas de despojo.

“El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, solicita una orden judicial para cumplir la ley y esto rebasa una competencia local, porque nadie puede sustraerse de sus obligaciones, es su deber”, explicó.

En consecuencia, se optó por recurrir a la Secretaría de Gobernación federal, a través de la recién creada “oficina para la coordinación y atención de despojos inmobiliarios” que se han registrado en todo el país, y que depende directamente de la Subsecretaría de Gobierno, presidida por César Yáñez Centeno. González Schmal alertó que la situación por la que atraviesa la fundación puede convertirse en un modus operandi que podría repetirse en otras entidades, “porque no puede ser que un delincuente se apropie de un inmueble en un estado y obtenga documentos en la entidad vecina inmediata para justificar una violación a la ley”.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la dependencia federal (mediante escrito enviado al correo electrónico ) con la finalidad de agilizar la recuperación de las más de 12 hectáreas invadidas para su posterior donación en beneficio de grupos vulnerables.