A los hechos delictivos registrados en las últimas semanas, que son a todas luces condenables y lamentables, hay que agregarle la percepción que han generado las redes sociales viralizando hechos ocurridos en fechas anteriores como si fueran del día y usando a la entidad como una arena para sembrar odio y resentimientos políticos.
Uno de los suyos ocupa la Presidencia de la República, pero se sienten fuera del poder tanto que no recaerá en ellos la decisión de los candidatos importantes en las elecciones de 2018. Desean mantenerse como fuerza mayoritaria, pero hay indicios de que perderán posiciones y podrían quedar en tercer lugar en las preferencias electorales. Se forjaron en el poder, lo mantienen pero bases y mandos medios están desplazados.
La sola posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelante a agosto próximo, después de su Asamblea Nacional y antes del V Informe la designación de su candidato a la Presidencia de México para 2018, la que solo recaerá en el Presidente Enrique Peña Nieto, prendió las alertas en la clase política.
No es un tema nuevo pero el lunes recobró fuerza una segunda vuelta electoral cuando los tres principales precandidatos presidenciales de Acción Nacional coincidieron es que es necesario legislar y garantizar que en 2018 el futuro Presidente de la República cuente con una mayoría robusta de votos y no apenas ronde en el 30 por ciento con el que han llegado a Los Pinos en los últimos procesos electorales.
En la realización del Tercer Congreso Nacional Extraordinario del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) hubo definiciones importantes con miras a 2018. Andrés Manuel López Obrador descartó que su partido vaya en alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano y convocó a una asamblea el 9 de julio para elegir las candidaturas estatales y municipales para las elecciones del próximo año. Definiciones que serán aprovechadas por sus opositores para formar un frente opositor, no necesariamente en contra del PRI sino en contra de López Obrador y Morena.
La secretaria general panista, Martha Erika Alonso, advirtió ayer de los riesgos internos y que desde el domingo pasado viven todos los partidos políticos: la ansiedad de quienes aspiran a posiciones de elección popular en 2018.
Ricardo Anaya no puede argumentar que lo orilló su ímpetu juvenil, fue su ambición la que lo llevó a declarar al primer minuto de las seis de la tarde de ayer que su partido había ganado las elecciones en tres de los cuatro estados en juego cuando faltaba una hora para que concluyera el proceso en Nayarit.
Al cerrarse las casillas electorales el próximo domingo en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, arrancará de inmediato la sucesión presidencial en todos los partidos y entre todos los protagonistas que se sienten con posibilidades y derechos para ser el próximo inquilino de Los Pinos.
Sospechoso desde años atrás por su actitud personal y cómo a base de carretadas de dinero llegó a la presidencia municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, registrado por el Partido Social de Integración, cercano al priista Javier López Zavala, se paseó ayer por el Auditorio de la Reforma sin que ninguna orden de aprehensión haya en su contra.
No es nueva ni exclusiva del estado de Puebla la actividad del robo de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido su reciente respuesta agresiva con armas largas, camionetas y chalecos blindados en sus enfrentamientos con el Ejército lo que ha potenciado esa actividad que puso a la entidad poblana en el ojo del huracán de un conflicto que con el paso del tiempo se vuelve no sólo delictivo sino lo peor, un grave problema social.
La sola posibilidad de una alianza, conformando un frente opositor al PRI, planteada el sábado por los dirigentes de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) subió la temperatura entre la clase política y propició todo tipo de apoyos y descalificaciones.
El tema del robo de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es nuevo ni privativo de una sola región, afecta a 25 estados de la República. Los hechos del 3 de mayo en Palmarito Tochapan obligaron al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a ordenar una estrategia que involucra a distintas dependencias federales y gobiernos estatales para abatir el delito.
Es una pregunta clásica que acompaña toda investigación policiaca, la cual vale la pena aplicar en torno a los hechos ocurridos el 3 de mayo pasado en Palmarito Tochapan, Quecholac, que se agravaron el pasado 9 de mayo cuando se publicaron en redes sociales video grabaciones que documentan la refriega entre militares y presuntos huachicoleros y acciones extralegales de un efectivo, concretamente el dramático tiro de gracia contra un detenido inerme.
La disciplina y la lealtad son dos valores fundamentales que le dan fortaleza al Ejército Mexicano, sus efectivos en toda su jerarquía si algo saben es obedecer, por ello ante los videos que se dieron a conocer ayer en redes sociales en el que presuntamente un militar ejecutó a mansalva a un civil durante el Operativo Palmarito el pasado 3 de mayo, vale la pena se que investigue y si sucedió algo irregular que se castigue porque nada justifica una violación a las garantías individuales y asi como se exige que sancionen y detengan a los delincuentes se debe aplicar también la ley contra quien la transgreda.
La posición oficial fue frontal y sin miramientos, el reto lanzado el miércoles 3 de mayo por la noche en Palamarito Tochapan, Quecholac por los ladrones de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos tuvo respuesta inmediata del gobernador Tony Gali. El Presidente Enrique Peña Nieto envió su mensaje en la emblemática ceremonia de Jura de Bandera del 5 de Mayo en el Campo Marte.
La seguridad pública es la prioridad en el gobierno de Tony Gali como se comprometió el primer día de su mandato y ayer ratificó que en el caso de los “huachicoleros” y la violencia desatada, concretamente en Quecholac, no dará un paso atrás.
La corrupción que corroe el país ha tenido como blanco en los últimos meses a gobernadores y ex gobernadores mexicanos, razones estructurales y políticas explican el porqué de estos abusos de los virreyes mexicanos, quienes aprovecharon la alternancia y los excesivos recursos petroleros que llegaron a las arcas de sus estados para pecar y delinquir.