El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) presentó una solicitud de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados contra 18 legisladores del Congreso de Coahuila pertenecientes al PRI, PAN, PRD y un partido local, por impedir que se incluyera en la Constitución estatal la figura de revocación de mandato, como lo establece el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional publicada en 2019.

En declaraciones a representantes de los medios de comunicación, luego de presentar dicha solicitud, Mejía Berdeja acusó al Congreso local de incurrir en una omisión grave, porque “tiene cuatro años vencido el término, y con una actitud dolosa, negligente y burlona hacia el pueblo de Coahuila se ha negado a establecer esta figura”.

Señaló que desde hace más de un año se emprendió una campaña ciudadana de recolección de firmas para exigir que se legisle en la materia. Asimismo, el diputado local del PT, Antonio Flores, presentó una iniciativa en el mismo sentido, sin embargo, fue ignorada y “la metieron en un cajón”.

Advirtió que esta falta responde a un interés político por evitar que el actual gobernador Manolo Jiménez pueda ser sometido a revocación de mandato. Aunque la oposición se jacta de que el mandatario es “muy popular”.

“Entonces, ¿cuál es el miedo a que se establezca este mecanismo? Quieren que el tiempo se rebase para que ya no pueda ser sometido”, afirmó.

Recordó que la Carta Magna obliga a las legislaturas locales a armonizar su marco legal con las reformas federales, y se estableció que “en 18 meses debía quedar establecida en la Constitución Política local la figura de la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo local”.

Cuestionado sobre si esta solicitud es una represalia por una demanda judicial en su emprendida por el PAN, el legislador negó esa intención y se dijo dispuesto a declarar si se le solicita; “y en ese momento, cuando ya no haya nada, los voy a demandar por falsas imputaciones”, adelantó.

En otro orden de ideas, señaló que ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente, presentó una iniciativa para que la corrupción inmobiliaria sea considerada delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa.

“Porque no solo es el caso de la Benito Juárez, que es escandaloso, de más de 7 mil 400 millones en desvío y corrupción, sino también está el caso del cártel inmobiliario de Saltillo, con Manolo Jiménez, está el caso que ayer decía la diputada Margarita García, en Oaxaca.

“Y donde le rasquen, hay colusión de registros públicos, notarios, para despojar a gente de inmuebles o para falsear usos de suelo, para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Por eso estamos estableciendo estos delitos, es un reclamo social”, concluyó.

Redacción