Luego de que a través de trucos jurídicos se intentara aprobar la Ley de la Industria Eléctrica del actual régimen la cual se le conoce como la ‘Lye Bartlett’ con la cual el actual gobierno buscaba darle poder sin precedentes al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, la Segunda Sala de la SCJN enteró la citada ley.

Fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió amparó a diversas empresas contra disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica reformada en 2021.

Argumentó que el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la Ley, transgrede los principios de competencia y libre concurrencia. 

Entre los argumentos señalan porque en lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo manda la Constitución, la norma prioriza a los generadores del Estado o a las plantas asociadas a éstas, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico. 

Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Corte, argumentó que las reformas impugnadas disminuyen la competencia en la generación de electricidad, y, o favorecen a un determinado grupo de empresas en perjuicio de las demás participantes del mercado de generación de energía eléctrica, como consecuencia se distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de generación de energía eléctrica, obstaculiza la formación de un nuevo mercado.

En este sentido, la Segunda Sala determinó que la reforma desincentiva la producción de energía limpia en contravención al imperativo del constituyente permanente que prevé para la materia energética el principio de desarrollo sustentable. 

Quienes votaron en contra argumentaron que el modelo de la reforma contribuye a contar con un sistema eléctrico nacional confiable.

Al respecto, Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la SCJN expuso que al obligarse los generadores a entregar la energía conforme a ofertas de programa fijo puede reducir razonablemente los riesgos de interrupción o falta de entrega de energía que podrían ocasionarse bajo otro tipo de esquemas.

Los efectos de este amparo beneficiarán a los demás participantes del mercado eléctrico nacional, pues, de lo contrario, se provocaría que, al concursar para lograr la contratación de energía eléctrica y el acceso a las redes, así como al intervenir en la adquisición de certificados de energías limpias, se apliquen reglas dispares.

Recordemos que la Ley Bartlett buscaba inyectar a la red de distribución energía más cara y contaminante que produce la CFE, dejando en segundo término las energías limpias y más baratas, en perjuicio de los consumidores que, en base a una sana competencia en la generación de energía, podrían verse favorecidos con tarifas de luz menos costosas.

Redacción